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La depresión del Comercio Electrónico en Venezuela
Escrito por José Manuel Ruiz V Martes, 24 de Mayo de 2011 15:00
"En Venezuela no hay incentivos para el Comercio Electrónico”, es la posición formal de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), en boca de Richard Ujueta, su actual presidente.
El ejecutivo insistió en la depresión que vive el sector, que se encuentra mermado comparado con el crecimiento que se experimenta en otros países de la región y responsabilizó como causas principales de esta situación a la dificultad de la obtención de un punto de pago electrónico y a la carencia de la factura electrónica.
La realidad del e-Commerce en Venezuela
Cuando un emprendedor quiere iniciar una tienda en-línea, se encuentra, además de todo lo que implica su montaje en términos legales, fiscales, técnicos y logísticos, con el hecho de que normalmente se le niega el punto de venta electrónico por parte de la banca y al hecho de que en Venezuela, a excepción de unos muy pocos privilegiados (grandes facturadores como empresas de energía y de telecomunicaciones), los comerciantes están imposibilitados de emitir facturas en formato electrónico, por lo que tienen que generar, almacenar y enviar facturas físicas, aún cuando el producto vendido sea de origen electrónico y haya sido descargado por el comprador, como es el caso de contenido digital, software (como, por ejemplo, antivirus) y otros servicios.
La factura electrónica en un proyecto emblemático de la Cámara desde sus inicios en 1.999 y ha tenido avances y retrocesos en distintos períodos de tiempo, a veces por legislación, a veces por el mecanismo de implementación. Durante la gestión de José Gregorio Vielma Mora al frente del SENIAT, se avanzó sustancialmente trabajando con personal de esa institución en la definición técnica de una solución que aporta innumerables beneficios al sector y a la nación en todos sus aspectos, de los que Ujueta destacó algunos:
- Es un mecanismo para mejorar todos los procesos fiscales, esto es, recaudación y fiscalización, pues permite tener toda la información de vendedores y compradores sincronizada y reconciliada con las declaraciones, permitiendo la implantación de sistemas de detección automáticos de inconsistencias en la información suministrada por las empresas y brindar un acceso total por parte de la administración tributaria a la información.
- Incrementaría la base de empresas pues daría un impulso al sector
- Permitiría incorporar al sistema fiscal a miles de personas naturales y jurídicas que realizan transacciones, quizás muchas de manera poco formal, a través de plataformas que aportan un espacio para la compra-venta de productos y servicios
- Reduciría el consumo de papel por este concepto en forma importante, contribuyendo al medio ambiente.
Sin embargo, desde la salida de Vielma Mora de esa institución, el proyecto - listo para su implementación - se paralizó totalmente. El SENIAT también ha venido realizando campañas de fiscalización extrictas sobre empresas que brindan las referidas plataformas para actividades de compra-venta y pensamos que hay un error en la conceptualización del problema por parte del ente, pues el problema no está en la existencia y uso de dichas plataformas, legítimas, útiles y necesarias por demás, sino en la inexistencia (inexplicable a estas alturas) de un mecanismo que otorgue una alternativa viable a la emisión de facturas físicas.
Con respecto a los medios de pago, existen también serias restricciones pues hay muy pocos bancos que prestan este servicio y, según algunos de ellos, existen imprecisiones legales relativas a la legitimación de capitales que favorecen las negativas de la banca a extender el servicio.
Esto obliga a casi todos los interesados en incursionar en este modelo, a trabajar mediante depósito bancario o transferencia electrónica, lo que desestimula a los compradores que tienen que realizar una travesía al banco para depositar en la cuenta del vendedor o, en el mejor de los casos, a realizar una transferencia bancaria fuera del sitio donde está realizando la compra, facilitando el abandono del proceso pues se rompe con el flujo natural del proceso de compra.
Otras limitaciones
Además de los inconvenientes antes indicados, la legislación cambiaria y el limitado acceso legal a las divisas es un problema para todos los actores del sector que, pudiendo tener acceso a productos, software y servicios competitivos en forma directa en el exterior, se ven imposibilitados a acceder a ellos.
El no reconocimiento de bienes intangibles, tan básicos para el sector como la adquisición de nombres de dominio, la compra de software y el pago de servicios, por parte del sistema de control cambiario y la alternativa del SITME, perjudica significativamente al sector, además de las consecuencias directas, por el no reconocimiento de gastos legítimos de la empresa en su estructura productiva. Por otra parte, afecta a la empresa internacional que no puede hacer operaciones en el país y por lo tanto, en algunos casos, deja a Venezuela fuera de la lista de países donde pueden comercializar sus productos".
Que pedimos
En Venezuela se requiere que el Estado ofrezca la posibilidad de que la empresa sana se cultive y desarrolle, esa empresa que es capaz de ofrecer productos y servicios de calidad en forma eficiente, que produce empleos, beneficios y que paga impuestos. Los emprendedores siempre han estado en Venezuela y seguirán estandolo, pero en las épocas de crisis, donde se requiere optimizar costos para ser más competitivos, es labor del Estado incentivar cualquier modelo que sea capaz de mejorar la competitividad de las empresas, mientras mantiene o mejora el volumen de recaudación y su capacidad de fiscalización.
En relación con el Comercio Electrónico, solo hacen falta tres elementos: la Factura Electrónica, que además beneficia al Estado, una legislación que incentive la disponibilidad de medios de pago electrónicos y el acceso a Divisas para el pago de bienes y servicios intangibles propios del sector, quizás con la implementación del uso de una Tarjeta de Crédito para empresas del sector, con un límite mensual modesto para el pago de estos bienes y servicios, como ya la Cámara lo ha propuesto en el pasado.
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